Los planes de China para hacerse con el control del orden global

Los líderes del Partido Comunista de China creen que están en medio de una ‘intensa lucha ideológica’ por la supervivencia y que para ganar deben derrotar a Occidente.

TANNER GREER

17 DE MAYO DE 2020

[Tomado de https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/china-plans-global-order ]

La República Popular de China ahora controla la población más grande del mundo, su segunda economía más grande y un complejo militar-industrial y un sector de alta tecnología solo superados por los de Estados Unidos. Detrás de esta gran masa de hombres y material se encuentra Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista de China. Xi, apoyado por la clase de comunistas chinos que gobiernan junto con él, cree que su papel es guiar a China, y al resto del mundo, hacia una nueva era. La expansión militar de China, la inversión económica masiva en el control de las rutas comerciales globales y la escalada de las operaciones de información apuntan a una lucha por el dominio que la pone en conflicto directo con Occidente.

En sus discursos internos y documentos de planificación, los líderes del partido comunista de China  describen sus percepciones de esta lucha de manera  bastante abierta : como lo ve Pekín, el éxito de China depende de desacreditar los principios del capitalismo liberal para que nociones como la libertad individual y la democracia constitucional lleguen a considerarse como las reliquias de un sistema obsoleto[…]

A pesar de las concesiones hechas a los mecanismos de […] mercado que han ayudado a impulsar el reciente auge económico de China, los comunistas chinos creen que lideran un sistema político-ideológico distinto y en oposición al del mundo capitalista. Las circunstancias obligan a la cooperación temporal con los capitalistas que tienen sus propios intereses, pero estos dos sistemas no pueden reconciliarse permanentemente. […]

De los fracasos de la era maoísta, los comunistas chinos  aprendieron que la modernización económica y tecnológica no puede ocurrir en el vacío . En muchas mentes chinas, el estancamiento tecnológico de la República Popular China bajo Mao se combina con el desafortunado descubrimiento de la dinastía Qing de que los avances científicos en Occidente habían dejado obsoletos a sus militares. La lección en ambos casos es la misma: si China quiere fortalecerse, debe integrarse con el mundo exterior.

Pero existen peligros de «abrirse» al mundo exterior. Ésta es la lección que los comunistas chinos extraen  del  extenso  estudio  del  fracaso soviético . La explicación oficial del partido sobre el colapso de la Unión Soviética […] es que su desaparición no tuvo nada que ver con las debilidades de su economía planificada o las tensiones inherentes a un imperio multinacional disfrazado de república popular [es decir, república comunista]. En el relato del Partido Comunista Chino, la Unión Soviética comenzó a morir el día en que Nikita Khrushchev denunció el culto a la personalidad que rodeaba a Joseph Stalin. Aunque las políticas reformistas de destalinización solo tenían como objetivo fortalecer el sistema comunista eliminando sus errores y excesos, terminaron erosionando los cimientos del sistema de valores que hacía coherente a la Unión Soviética. Una vez que fue posible cuestionar la dirección del partido, los [políticos] soviéticos perdieron la capacidad de apuntalar la «seguridad ideológica» de su régimen. [Es decir, los políticos soviéticos dejaron de poder transmitir a la población la idea de que el sistema soviético era el mejor y que la ideología sobre la que estaba fundado el sistema era la mejor] En estas circunstancias, los comunistas chinos que estudian la disolución de la URSS ahora concluyen: La decisión de Gorbachov de «abrir» el sistema y exponer a los pueblos soviéticos (que habían estado en cuarentena cultural) a las tentaciones del mundo occidental fue una acción suicida.

Xi Jinping apoyó esta explicación del colapso soviético  en un discurso de 2013  a los cuadros del partido .  «¿Por qué se desintegró la Unión Soviética?» preguntó a su audiencia. «¡Una razón importante es que en el ámbito ideológico, la competencia es feroz!» La dirección del partido está decidida a evitar el error soviético.  Una directiva interna del partido filtrada de 2013 describe «la amenaza muy real de las fuerzas occidentales anti-China y su intento de llevar a cabo la occidentalización» dentro de China. La directiva describe al partido como en medio de una “intensa lucha ideológica” por la supervivencia. Según la directiva, las ideas que amenazan a China con un «desorden mayor» incluyen conceptos como «separación de poderes», «poderes judiciales independientes», «derechos humanos universales», «libertad occidental», «sociedad civil», «liberalismo económico, “privatización total ”,“ libertad de prensa ”y“ libre circulación de información en Internet ”. Permitir que el pueblo chino contemple estos conceptos «desmantelaría la base social de [nuestro] partido» y pondría en peligro el objetivo del partido de construir un futuro socialista moderno. […]

Los comunistas chinos creen que la mayor amenaza para la seguridad de su partido, la estabilidad de su país y el regreso de China al lugar que le corresponde en el centro de la civilización humana, es ideológica. No les gustan las máquinas militares que el Comando del Pacífico de los Estados Unidos ha colocado contra ellos, pero lo que los asusta más que las armas y los soldados estadounidenses son las  ideas.—Ideas hostiles que creen que Estados Unidos ha incrustado en el discurso y las instituciones del orden global existente. “Las fuerzas hostiles internacionales [buscan] occidentalizar y dividir a China”, advirtió el exsecretario general del PCCh, Jiang Zemin, hace más de una década […] Xi Jinping ha respaldado este punto de vista, argumentando que “desde el final de la Guerra Fría, los países afectados por los valores occidentales han sido destrozados por la guerra o afligidos por el caos. Si adaptamos nuestras prácticas a los valores occidentales … Las consecuencias serán devastadoras «.

Pero, ¿cómo se hace exactamente para combatir un sistema de valores? Se podría silenciar a quienes la defienden. Esta es la lógica represiva detrás del vasto sistema de censura y vigilancia que ha construido el partido para controlar el tráfico de ideas entre el pueblo chino. A medida que las ansiedades comunistas se han intensificado durante la última década, este sistema se vuelve cada vez más espeluznante: el Internet chino se ha  inundado de desinformación ; destacados  disidentes ,  periodistas ,  abogados ,  historiadores ,  académicos ,  empresarios y  activistas  que se han opuesto al programa de Xi han sido censurados, encarcelados y “desaparecidos”;  universidades y las  corporaciones  han tenido células partidarias insertadas dentro de ellas; miles de  iglesias  y  mezquitas  en China han sido demolidas; y  cerca de un millón de  uigures » infectados por el extremismo » han sido enviados a campos de concentración.  […] [Nota del traductor: vean que esto sigue la idea de Gramsci que los intelectuales y las instituciones dominan la cultura y que la cultura es la que apoya el sistema]

En su impulso por controlar el mundo exterior, el estado chino no ha dudado en  amenazar a las empresas extranjeras con ataques cibernéticos o tomar como rehenes a sus empleados , aislar a  celebridades ,  corporaciones ,  industrias e incluso  países enteros   del mercado chino. Sobornan en el extranjero  a los funcionarios públicos ,  compran medios extranjeros  ,  organizan protestas que fingen ser populares , incitan a  multitudes de Internet  o envian matones para intimidar personalmente a destacados investigadores ,  activistas o  personalidades de los medios de comunicación extranjeros  .  Las comunidades de la diáspora china  han sido especialmente vulnerables a estas tácticas. Un cóctel de  vigilancia ,  chantaje ,  acoso ,  intimidación ,  soborno y  amenazas  a los  miembros de la familia  que viven en  China  ha  silenciado a los críticos  y ha  llevado a las  publicaciones en idioma chino con sede en Occidente  a seguir la línea del partido. una tras otra .  […]

Para el partido, la censura de las ideas hostiles y la intimidación de quienes las expresan es solo una solución provisional. Para asegurar su victoria, los valores liberales no solo necesitan ser silenciados. Deben ser  desacreditados.

Los planes de los comunistas chinos para desacreditar y desmantelar los valores liberales incorporados en la arquitectura global existente son increíblemente ambiciosos. Se imaginan un futuro en la que incluso la idea de que China podría ser más exitosa, rica o poderosa si fuera libre sonaría demasiado ridícula para tomarla en serio. Xi Jinping le ha dado un nombre a este mundo futuro. Él  llama a esta visión «Una comunidad de destino común para la humanidad». Esta futura comunidad de naciones le daría al comunismo chino el reconocimiento moral que ahora se le niega. […] Ningún país se vería obligado a cambiar su régimen al modelo chino en este escenario, pero la mayoría reconocería que el sistema social y político chino ha «demostrado la superioridad del socialismo». Muchos adoptarían con gusto las herramientas que Pekín ha perfeccionado para gestionar los problemas económicos y políticos y dar forma a sus propias sociedades. La democratización, mercados libres,y los derechos humanos universales ya no se consagrarán como la piedra angular de las instituciones internacionales más importantes del mundo ni se considerarán los estándares predeterminados de la buena gobernanza. En cambio, se reducirían a una tradición local peculiar de un puñado de naciones occidentales marginadas. […]

Los miles de millones de inversores chinos que han invertido en infraestructura en los países en desarrollo bajo la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” de Xi son una parte clave de este plan. El Partido Comunista Chino espera que cada proyecto de esta iniciativa acerque a la humanidad hacia un nuevo orden global basado en la asociación económica con Pekín. En palabras de Xi, cada proyecto es una oportunidad para «dar la bienvenida a [otros países] a bordo de  nuestro  tren de desarrollo».

La grandilocuencia de China a favor del comercio y contra el proteccionismo está motivada de manera similar. Al aumentar la integración económica de China con el mundo, ha argumentado Xi, «el mundo también profundizó su dependencia de China». Como el mayor socio comercial de la mayor parte del mundo, Xi cree que China finalmente está posicionada para comenzar a «transformar el sistema de gobernanza global» y dar forma a los «nuevos mecanismos y reglas» que determinarán «el arreglo sistémico a largo plazo del orden internacional». . »

Xi no espera que esta disputa sobre el futuro orden mundial se resuelva rápidamente. En 2013 advirtió a los cuadros que «durante bastante tiempo aún, el socialismo en su etapa primaria existirá junto con un sistema capitalista más productivo y desarrollado … [Y habrá] un largo período de cooperación y conflicto entre estos dos sistemas sociales». antes de que China tenga «la posición dominante». […] Para hacer ese futuro una realidad requiere convencer al mundo de que,  en palabras de Yang Jiechi, «Los conceptos, sistemas y modelos de gobernanza occidentales [ya no] captan la nueva situación internacional ni se mantienen al día». Solo cuando el mundo esté convencido de que Yang tiene razón, de que los ideales liberales como el pluralismo, los derechos individuales y el gobierno constitucional son anacronismos de una época pasada incapaces de resolver los problemas del siglo XXI, los comunistas chinos ya no temerán que su intento de restaurar China a la grandeza será descarrilada por los complots ideológicos de sus enemigos.

Desde este contexto, muchas acciones tomadas por el partido-estado chino de repente cobran más sentido. La decisión de la República Popular China de permitir que los relatos de propaganda y diplomáticos chinos  difundan conspiraciones contra el coronavirus estadounidense , por ejemplo, es difícil de entender hasta que uno se da cuenta de que las personas que difunden estas conspiraciones creen que están inmersas en una «lucha ideológica» con los valores de un orden liberal global. Lo que está en juego en esta lucha no podría ser más alto: creen que está en juego el futuro del orden global y la supervivencia de su régimen. Los estadounidenses no deberían sorprenderse cuando actúan así.

China’s Plans to Win Control of the Global Order

The Chinese Communist Party leadership believe they are in the midst of an ‘intense, ideological struggle’ for survival and that to win they must defeat the West

TANNER GREER

MAY 17, 2020

[Taken from https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/china-plans-global-order ]

The People’s Republic of China now commands the world’s largest population, its second-largest economy, and a military-industrial complex and high technology sector second only to America’s. Behind this great mass of men and material stands Xi Jinping, General Secretary of the Communist Party of China. Xi, supported by the class of Chinese communists who rule along with him, believe it is their role to guide China—and the rest of the world—into a new age. China’s military expansion, massive economic investment in controlling global trade routes, and escalating information operations all point to a struggle for dominance that puts it in direct conflict with the West.

In their internal speeches and planning documents, China’s communist party leaders describe their perceptions of this struggle quite openly: As Beijing sees it, China’s success depends on discrediting the tenets of liberal capitalism so that notions like individual freedom and constitutional democracy come to be seen as the relics of an obsolete system. […]

Despite the concessions made to market-price mechanisms that have helped drive China’s recent economic boom, Chinese communists believe that they lead an ideological-political system distinct from and in opposition to those of the capitalist world. Circumstance forces temporary cooperation with the self-interested capitalists, but these two systems cannot be permanently reconciled. […]

As proud self-declared Marxists, the Beijing leadership has carefully studied the failures of past attempts to “construct a socialism superior to capitalism.” From the failings of the Maoist era, the Chinese communists learned that economic and technological modernization cannot happen in a vacuum. In many Chinese minds the People’s Republic of China’s technological stagnation under Mao blends together with the Qing dynasty’s unfortunate discovery that scientific advances in the West had left their military obsolete. The lesson in both cases is the same: If China is to grow strong, it must be integrated with the world outside it.

But there are dangers to “opening up” to the outer world. This is the lesson Chinese communists draw from extensive study of the Soviet failure. The party’s official explanation for the collapse of the Soviet Union—which has been communicated to party cadres through speeches, party school education, and even a full-length documentary—is that its demise had nothing to do with the weaknesses of its planned economy or the tensions inherent in a multinational empire masquerading as a people’s republic. In the telling of the Chinese Communist Party, the Soviet Union began to die the day Nikita Khrushchev denounced the cult of personality surrounding Joseph Stalin. Though the reformist policies of destalinization were only intended to strengthen the communist system by eliminating its errant and excessive aspects, it ended up eroding the foundation of the value system that made the USSR cohere. Once it became possible to question the party leadership, the Soviets lost the ability to shore up the “ideological security” of their regime. In these circumstances, Chinese communists studying the USSR’s dissolution now conclude, Gorbachev’s decision to “open” the system and expose formerly culturally quarantined Soviet peoples to the enticements of the Western order was a suicide pact.

Xi Jinping endorsed this explanation for the Soviet collapse in a 2013 address to party cadres. “Why did the Soviet Union disintegrate?” he asked his audience. “An important reason is that in the ideological domain, competition is fierce!” The party leadership is determined to avoid the Soviet mistake. A leaked internal party directive from 2013 describes “the very real threat of Western anti-China forces and their attempt at carrying out westernization” within China. The directive describes the party as being in the midst of an “intense, ideological struggle” for survival. According to the directive, the ideas that threaten China with “major disorder” include concepts such as “separation of powers,” “independent judiciaries,” “universal human rights,” “Western freedom,” “civil society,” “economic liberalism,” “total privatization,” “freedom of the press,” and “free flow of information on the internet.” To allow the Chinese people to contemplate these concepts would “dismantle [our] party’s social foundation” and jeopardize the party’s aim to build a modern, socialist future.

Westerners asked to think about competition with China—a minority until fairly recently, as many envisioned a China liberalized by economic integration—tend to see it through a geopolitical or military lens. But Chinese communists believe that the greatest threat to the security of their party, the stability of their country, and China’s return to its rightful place at the center of human civilization, is ideological. They are not fond of the military machines United States Pacific Command has arrayed against them, but what spooks them more than American weapons and soldiers are ideas—hostile ideas they believe America has embedded in the discourse and institutions of the existing global order. “International hostile forces [seek to] westernize and divide China” warned former CPC General Secretary Jiang Zemin more than a decade ago […] Xi Jinping has endorsed this view, arguing that “since the end of the Cold War countries affected by Western values have been torn apart by war or afflicted with chaos. If we tailor our practices to Western values … The consequences will be devastating.”

But how exactly does one go about combating a values system? One could silence those who champion it. This is the repressive logic behind the vast system of censorship and surveillance the party has built to control the traffic of ideas among the Chinese people. As communist anxieties have intensified over the last decade this system grows more blood curdling: The Chinese internet has been flooded with disinformation; prominent dissidentsjournalistslawyershistoriansacademicsbusinessmen, and activists who have voiced opposition to Xi’s program have been censored, imprisoned, and “disappeared”; universities and corporations have had party cells inserted within them; thousands of churches and mosques across China have been demolished; and somewhere close to a million Uighurs “infected with extremism” have been placed in concentration camps. […]

Though surprising to most Americans, the truth is that this was just an especially prominent example of a practice the party has long used to silence those who speak against it—be they living inside or outside of China. In its drive to control the outside world, the Chinese state has not hesitated to threaten foreign companies with cyber attacks or hold their employees hostage, cut celebritiescorporationsindustries, and even entire countries off from the Chinese market. They bribe foreign government officialsbuy foreign media organizationsastroturf protests, stir up online mobs against or send goons to personally intimidate prominent foreign researchersactivists, or media personalitiesChinese diaspora communities have been especially vulnerable to these tactics. A cocktail of surveillanceblackmailharassmentintimidationbribery, and threats to family members in China have silenced critics and brought one Western-based Chinese-language publication to toe the party line after another. When the party has enough leverage to win the contest of ideas by silencing them at their source, they do so. […]

For the party, censorship of hostile ideas and intimidation of those who voice them is only a stopgap solution. To secure their victory, liberal values do not just need to be silenced. They must be discredited.

The Chinese communists’ plans to discredit and dismantle the liberal values baked into the existing global architecture are incredibly ambitious. They imagine a future reality where even the notion that China could be more successful, wealthy, or powerful if it were free would sound too ridiculous to take seriously. Xi Jinping has given a name to this future world. He calls this vision “a community of common destiny for mankind.” This future community of nations would give Chinese communism the moral recognition it is now denied. The party-state would be lauded, in Xi’s words, as a new “contribution to political civilization” and a new chapter in “the history of the development of human society.” Power blocs and existing military alliances would soon melt away as the various nations of the Earth are drawn into China’s economic orbit. No country would be compelled to shift their regime to the Chinese model in this scenario, but most would recognize that the Chinese social and political system has “demonstrated socialism’s superiority.” Many would gladly adopt the tools Beijing has perfected to manage economic and political problems to shape their own societies. Democratization, free markets, and universal human rights would no longer be enshrined as the bedrock of the world’s most important international institutions or be seen as the default standards of good governance. They would instead be reduced to a parochial tradition peculiar to a smattering of outcast Western nations. […]

The billions Chinese investors have plowed into infrastructure in developing countries under Xi’s “Belt and Road Initiative” are a key part of this plan. Each BRI-branded project, the party hopes, moves humankind another step closer to a new global order organized around economic partnership with Beijing. In Xi’s words, each is a chance to “welcome [other countries] aboard our development train.”

China’s grandstanding in favor of trade and against protectionism is similarly motivated. By increasing China’s economic integration with the world, Xi has argued, “the world also deepened its dependence on China.” As the largest trading partner of most the globe, Xi believes that China is finally positioned to begin to “transform the global governance system” and shape the “new mechanisms and rules” that will determine “the long-term systemic arrangement of the international order.”

Xi does not expect this contest over the future world order to be resolved quickly. In 2013 he warned cadres that “for a fairly long time yet, socialism in its primary stage will exist alongside a more productive and developed capitalist system … [And there will be a] long period of cooperation and of conflict between these two social systems” before China has “the dominant position.” […] To make that future a reality requires convincing the world that, in the words of Yang Jiechi, “Western governance concepts, systems, and models [no longer] grasp the new international situation or keep up with the times.” Only when the world is persuaded that Yang is correct—that liberal ideals like pluralism, individual rights, and constitutional government are anachronisms of a past age incapable of solving 21st-century problems—will Chinese communists no longer fear that their bid to restore China to greatness will be derailed by the ideological plots of their enemies.

From this context many actions taken by the Chinese party-state suddenly make more sense. The PRC’s decision to allow Chinese diplomats and propaganda accounts to spread anti-American coronavirus conspiracies, for example, are hard to understand until you realize that the people spreading these conspiracies believe they are engaged in an “ideological struggle” with the values of a hostile liberal order. The stakes of this struggle could not be higher: They believe that the future of the global order and the survival of their regime is at stake. Americans should not be surprised when they act like it.

China’s Plans to Win Control of the Global Order

The Chinese Communist Party leadership believe they are in the midst of an ‘intense, ideological struggle’ for survival and that to win they must defeat the West

BY

TANNER GREER

MAY 17, 2020

The People’s Republic of China now commands the world’s largest population, its second-largest economy, and a military-industrial complex and high technology sector second only to America’s. Behind this great mass of men and material stands Xi Jinping, General Secretary of the Communist Party of China. Xi, supported by the class of Chinese communists who rule along with him, believe it is their role to guide China—and the rest of the world—into a new age. China’s military expansion, massive economic investment in controlling global trade routes, and escalating information operations all point to a struggle for dominance that puts it in direct conflict with the West.

In their internal speeches and planning documents, China’s communist party leaders describe their perceptions of this struggle quite openly: As Beijing sees it, China’s success depends on discrediting the tenets of liberal capitalism so that notions like individual freedom and constitutional democracy come to be seen as the relics of an obsolete system. To understand how China’s leaders intend to accomplish this and fully appreciate their designs for the future, we must first come to terms with how they understand themselves.

“The very purpose of the [Chinese Communist] Party in leading the people in revolution and development,” Xi Jinping explained to an audience of party cadres in 2012, “is to make the people prosperous, the country strong, and rejuvenate the Chinese nation.” This “rejuvenation” of the Chinese people, which might also be translated as their “revival” or “restoration,” reflects a specific understanding of Chinese history and China’s proper place in world affairs. Chinese of all political persuasions are acutely aware that China was once the standard setter in advanced civilization, the center point around which the economies and cultures of much of the Earth revolved. For many Chinese nationalists, the last two centuries have been a painful aberration from this natural order. The party labels the years that China was exploited by imperialists and divided by warlords “the century of humiliation,” a century that ended only when they took control. The century that followed—which comes to its end 29 years from now, in 2049—is different. This will be the century that makes China great again.

“The rejuvenation of the Chinese people” has been officially endorsed as the “historical mission” of the Communist Party since 1987 but it is an old dream whose origins predate the party’s founding. In the early 20th century Chinese intellectuals searched for a way to “save China,” modernize it, and restore it to the preeminence that the world’s largest civilization deserved. What made the later communists different from other Chinese modernizers was the solution they endorsed. As their sloganeering went: “Only socialism can save China.” The slogan is still in use, though Xi and other 21st-century Communists add a second clause: “Only socialism can save China, and only socialism can develop China.”

Listening to Chinese communists champion their socialist bona fides in one of China’s money-hungry metropoles summons a special sort of cognitive dissonance; distant electric billboards gleam through industrial smog while your conversation partner parrots Marxist cant. But this dissonance cannot be too different from, say, what an outsider might have felt listening to Franklin Delano Roosevelt address a Jefferson-Jackson dinner in 1936. If Jefferson’s writings are your scripture, Roosevelt’s titanic interventions in American life are heresy. Yet Roosevelt thought of himself as the heir to Jefferson and Jackson. He earnestly believed that his program was an adaptation of Jeffersonian ideals and principles to a 20th-century political economy. Roosevelt’s politics were a natural—albeit historically contingent—evolution of America’s liberal tradition, so the politics of the Chinese communists are an outgrowth of their Leninist identity.

One of the most salient continuities between classical Leninism and the current version of communist politics endorsed by Beijing, which the Chinese uncreatively have labeled “socialism with Chinese characteristics,” is the conviction that true modernization must be led by a “vanguard” party that is able to act in the interests of the “overwhelming majority” of people. According to this Leninist line, free markets and free elections lead to the rule of selfish elites, and China’s rejuvenation depends on being protected from both. Despite the concessions made to market-price mechanisms that have helped drive China’s recent economic boom, Chinese communists believe that they lead an ideological-political system distinct from and in opposition to those of the capitalist world. Circumstance forces temporary cooperation with the self-interested capitalists, but these two systems cannot be permanently reconciled. This was the message Xi delivered to party cadres in one of his first speeches as general secretary of the party in 2013, when he declared his faith in the “historical materialist view that capitalism is bound to die out and socialism is bound to win.” However, as “the ultimate victory of socialism over capitalism” may take several lifetimes to achieve, China’s communists should focus their efforts on a more modest goal:

[We must now] broaden our comprehensive national power, improve the lives of our people, build a socialism that is superior to capitalism, and lay the foundation for a future where we will win the initiative and have the dominant position.

As proud self-declared Marxists, the Beijing leadership has carefully studied the failures of past attempts to “construct a socialism superior to capitalism.” From the failings of the Maoist era, the Chinese communists learned that economic and technological modernization cannot happen in a vacuum. In many Chinese minds the People’s Republic of China’s technological stagnation under Mao blends together with the Qing dynasty’s unfortunate discovery that scientific advances in the West had left their military obsolete. The lesson in both cases is the same: If China is to grow strong, it must be integrated with the world outside it.

But there are dangers to “opening up” to the outer world. This is the lesson Chinese communists draw from extensive study of the Soviet failure. The party’s official explanation for the collapse of the Soviet Union—which has been communicated to party cadres through speeches, party school education, and even a full-length documentary—is that its demise had nothing to do with the weaknesses of its planned economy or the tensions inherent in a multinational empire masquerading as a people’s republic. In the telling of the Chinese Communist Party, the Soviet Union began to die the day Nikita Khrushchev denounced the cult of personality surrounding Joseph Stalin. Though the reformist policies of destalinization were only intended to strengthen the communist system by eliminating its errant and excessive aspects, it ended up eroding the foundation of the value system that made the USSR cohere. Once it became possible to question the party leadership, the Soviets lost the ability to shore up the “ideological security” of their regime. In these circumstances, Chinese communists studying the USSR’s dissolution now conclude, Gorbachev’s decision to “open” the system and expose formerly culturally quarantined Soviet peoples to the enticements of the Western order was a suicide pact.

Xi Jinping endorsed this explanation for the Soviet collapse in a 2013 address to party cadres. “Why did the Soviet Union disintegrate?” he asked his audience. “An important reason is that in the ideological domain, competition is fierce!” The party leadership is determined to avoid the Soviet mistake. A leaked internal party directive from 2013 describes “the very real threat of Western anti-China forces and their attempt at carrying out westernization” within China. The directive describes the party as being in the midst of an “intense, ideological struggle” for survival. According to the directive, the ideas that threaten China with “major disorder” include concepts such as “separation of powers,” “independent judiciaries,” “universal human rights,” “Western freedom,” “civil society,” “economic liberalism,” “total privatization,” “freedom of the press,” and “free flow of information on the internet.” To allow the Chinese people to contemplate these concepts would “dismantle [our] party’s social foundation” and jeopardize the party’s aim to build a modern, socialist future.

Westerners asked to think about competition with China—a minority until fairly recently, as many envisioned a China liberalized by economic integration—tend to see it through a geopolitical or military lens. But Chinese communists believe that the greatest threat to the security of their party, the stability of their country, and China’s return to its rightful place at the center of human civilization, is ideological. They are not fond of the military machines United States Pacific Command has arrayed against them, but what spooks them more than American weapons and soldiers are ideas—hostile ideas they believe America has embedded in the discourse and institutions of the existing global order. “International hostile forces [seek to] westernize and divide China” warned former CPC General Secretary Jiang Zemin more than a decade ago, and that means that, as Jiang argued in a second speech, the “old international political and economic order” created by these forces “has to be changed fundamentally” to safeguard China’s rejuvenation. Xi Jinping has endorsed this view, arguing that “since the end of the Cold War countries affected by Western values have been torn apart by war or afflicted with chaos. If we tailor our practices to Western values … The consequences will be devastating.”

But how exactly does one go about combating a values system? One could silence those who champion it. This is the repressive logic behind the vast system of censorship and surveillance the party has built to control the traffic of ideas among the Chinese people. As communist anxieties have intensified over the last decade this system grows more blood curdling: The Chinese internet has been flooded with disinformation; prominent dissidentsjournalistslawyershistoriansacademicsbusinessmen, and activists who have voiced opposition to Xi’s program have been censored, imprisoned, and “disappeared”; universities and corporations have had party cells inserted within them; thousands of churches and mosques across China have been demolished; and somewhere close to a million Uighurs “infected with extremism” have been placed in concentration camps.

Most Americans paid little attention to this—until the party leadership decided to punish the NBA with punitive sanctions in response to an “offensive” tweet by Houston Rockets General Manager Daryl Morey. Though surprising to most Americans, the truth is that this was just an especially prominent example of a practice the party has long used to silence those who speak against it—be they living inside or outside of China. In its drive to control the outside world, the Chinese state has not hesitated to threaten foreign companies with cyber attacks or hold their employees hostage, cut celebritiescorporationsindustries, and even entire countries off from the Chinese market. They bribe foreign government officialsbuy foreign media organizationsastroturf protests, stir up online mobs against or send goons to personally intimidate prominent foreign researchersactivists, or media personalitiesChinese diaspora communities have been especially vulnerable to these tactics. A cocktail of surveillanceblackmailharassmentintimidationbribery, and threats to family members in China have silenced critics and brought one Western-based Chinese-language publication to toe the party line after another. When the party has enough leverage to win the contest of ideas by silencing them at their source, they do so.

Internally, the Chinese government can appear terrifyingly omnipotent. As an actor on the global stage, the current balance of power and the existing norms of the international system still constrain the party’s power to control free speech and association outside their borders. The NBA fracas showed that the United States and other Western powers have the capability to push back against communist encroachments in their society, given sufficient will and motivation to do so. For the party, censorship of hostile ideas and intimidation of those who voice them is only a stopgap solution. To secure their victory, liberal values do not just need to be silenced. They must be discredited.

The Chinese communists’ plans to discredit and dismantle the liberal values baked into the existing global architecture are incredibly ambitious. They imagine a future reality where even the notion that China could be more successful, wealthy, or powerful if it were free would sound too ridiculous to take seriously. Xi Jinping has given a name to this future world. He calls this vision “a community of common destiny for mankind.” This future community of nations would give Chinese communism the moral recognition it is now denied. The party-state would be lauded, in Xi’s words, as a new “contribution to political civilization” and a new chapter in “the history of the development of human society.” Power blocs and existing military alliances would soon melt away as the various nations of the Earth are drawn into China’s economic orbit. No country would be compelled to shift their regime to the Chinese model in this scenario, but most would recognize that the Chinese social and political system has “demonstrated socialism’s superiority.” Many would gladly adopt the tools Beijing has perfected to manage economic and political problems to shape their own societies. Democratization, free markets, and universal human rights would no longer be enshrined as the bedrock of the world’s most important international institutions or be seen as the default standards of good governance. They would instead be reduced to a parochial tradition peculiar to a smattering of outcast Western nations.

The party does not just dream of this future: It has begun building it. In his report to the 19th Party Congress in 2017—think of it as a communist dictatorship version of a State of the Union Address, if that address were the result of six months of drafts, redrafts, and bureaucratic skirmishing—Xi Jinping declared that China had entered a “new era.” No longer would the country “hide its strength and bide its time,” as his predecessor Deng Xiaoping had directed the country to do in the initial stages of China’s opening up. Instead, China would begin to openly and proudly reshape the international system. “The banner of socialism with Chinese characteristics is now flying high and proud for all to see,” said Xi. Already, the party was

Blazing a new trail for other developing countries to achieve modernization. [The Chinese example] offers a new option for other countries and nations who want to speed up their development while preserving their independence; and it offers Chinese wisdom and a Chinese approach to solving the problems facing mankind.

In light of these pronouncements, politburo member and former senior diplomat Yang Jiechi urged China’s diplomats that the time had come to confidently and “energetically control the new direction of the common progress of China and the world.” The billions Chinese investors have plowed into infrastructure in developing countries under Xi’s “Belt and Road Initiative” are a key part of this plan. Each BRI-branded project, the party hopes, moves humankind another step closer to a new global order organized around economic partnership with Beijing. In Xi’s words, each is a chance to “welcome [other countries] aboard our development train.”

China’s grandstanding in favor of trade and against protectionism is similarly motivated. By increasing China’s economic integration with the world, Xi has argued, “the world also deepened its dependence on China.” As the largest trading partner of most the globe, Xi believes that China is finally positioned to begin to “transform the global governance system” and shape the “new mechanisms and rules” that will determine “the long-term systemic arrangement of the international order.”

Xi does not expect this contest over the future world order to be resolved quickly. In 2013 he warned cadres that “for a fairly long time yet, socialism in its primary stage will exist alongside a more productive and developed capitalist system … [And there will be a] long period of cooperation and of conflict between these two social systems” before China has “the dominant position.” The PRC’s plan to build up the economic sinews of a less hostile order will take several decades to come to fruition. To make that future a reality requires convincing the world that, in the words of Yang Jiechi, “Western governance concepts, systems, and models [no longer] grasp the new international situation or keep up with the times.” Only when the world is persuaded that Yang is correct—that liberal ideals like pluralism, individual rights, and constitutional government are anachronisms of a past age incapable of solving 21st-century problems—will Chinese communists no longer fear that their bid to restore China to greatness will be derailed by the ideological plots of their enemies.

From this context many actions taken by the Chinese party-state suddenly make more sense. The PRC’s decision to allow Chinese diplomats and propaganda accounts to spread anti-American coronavirus conspiracies, for example, are hard to understand until you realize that the people spreading these conspiracies believe they are engaged in an “ideological struggle” with the values of a hostile liberal order. The stakes of this struggle could not be higher: They believe that the future of the global order and the survival of their regime is at stake. Americans should not be surprised when they act like it.

The Thirty Tirants: China and American elite as allies

The deal that the American elite chose to make with China has a precedent in the history of Athens and Sparta

BY LEE SMITH

FEBRUARY 03, 2021

[Taken from https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/the-thirty-tyrants]

In Chapter 5 of The Prince, Niccolo Machiavelli describes three options for how a conquering power might best treat those it has defeated in war. The first is to ruin them; the second is to rule directly; the third is to create “therein a state of the few which might keep it friendly to you.”

The example Machiavelli gives of the last is the friendly government Sparta established in Athens upon defeating it after 27 years of war in 404 BCE. For the upper caste of an Athenian elite already contemptuous of democracy, the city’s defeat in the Peloponnesian War confirmed that Sparta’s system was preferable. It was a high-spirited military aristocracy ruling over a permanent servant class, the helots, who were periodically slaughtered to condition them to accept their subhuman status. Athenian democracy by contrast gave too much power to the low-born. The pro-Sparta oligarchy used their patrons’ victory to undo the rights of citizens, and settle scores with their domestic rivals, exiling and executing them and confiscating their wealth.

The Athenian government disloyal to Athens’ laws and contemptuous of its traditions was known as the Thirty Tyrants, and understanding its role and function helps explain what is happening in America today.

For my last column I spoke with The New York Times’ Thomas Friedman about an article he wrote more than a decade ago, during the first year of Barack Obama’s presidency. His important piece documents the exact moment when the American elite decided that democracy wasn’t working for them. Blaming the Republican Party for preventing them from running roughshod over the American public, they migrated to the Democratic Party in the hopes of strengthening the relationships that were making them rich.

A trade consultant told Friedman: “The need to compete in a globalized world has forced the meritocracy, the multinational corporate manager, the Eastern financier and the technology entrepreneur to reconsider what the Republican Party has to offer. In principle, they have left the party, leaving behind not a pragmatic coalition but a group of ideological naysayers.”

In the more than 10 years since Friedman’s column was published, the disenchanted elite that the Times columnist identified has further impoverished American workers while enriching themselves. The one-word motto they came to live by was globalism—that is, the freedom to structure commercial relationships and social enterprises without reference to the well-being of the particular society in which they happened to make their livings and raise their children.

Undergirding the globalist enterprise was China’s accession to the World Trade Organization in 2001. For decades, American policymakers and the corporate class said they saw China as a rival, but the elite that Friedman described saw enlightened Chinese autocracy as a friend and even as a model—which was not surprising, given that the Chinese Communist Party became their source of power, wealth, and prestige. Why did they trade with an authoritarian regime and send millions of American manufacturing jobs off to China thereby impoverish working Americans? Because it made them rich. They salved their consciences by telling themselves they had no choice but to deal with China: It was big, productive, and efficient and its rise was inevitable. And besides, the American workers hurt by the deal deserved to be punished—who could defend a class of reactionary and racist ideological naysayers standing in the way of what was best for progress?

Returning those jobs to America, along with ending foreign wars and illegal immigration, was the core policy promise of Donald Trump’s presidency, and the source of his surprise victory in 2016. Trump was hardly the first to make the case that the corporate and political establishment’s trade relationship with China had sold out ordinary Americans. Former Democratic congressman and 1988 presidential candidate Richard Gephardt was the leading voice in an important but finally not very influential group of elected Democratic Party officials and policy experts who warned that trading with a state that employed slave labor would cost American jobs and sacrifice American honor. The only people who took Trump seriously were the more than 60 million American voters who believed him when he said he’d fight the elites to get those jobs back.

What he called “The Swamp” appeared at first just to be a random assortment of industries, institutions, and personalities that seemed to have nothing in common, outside of the fact they were excoriated by the newly elected president. But Trump’s incessant attacks on that elite gave them collective self-awareness as well as a powerful motive for solidarity. Together, they saw that they represented a nexus of public and private sector interests that shared not only the same prejudices and hatreds, cultural tastes and consumer habits but also the same center of gravity—the U.S.-China relationship. And so, the China Class was born.

Connections that might have once seemed tenuous or nonexistent now became lucid under the light of Trump’s scorn, and the reciprocal scorn of the elite that loathed him.

A decade ago, no one would’ve put NBA superstar LeBron James and Apple CEO Tim Cook in the same family album, but here they are now, linked by their fantastic wealth owing to cheap Chinese manufacturing (Nike sneakers, iPhones, etc.) and a growing Chinese consumer market. The NBA’s $1.5 billion contract with digital service provider Tencent made the Chinese firm the league’s biggest partner outside America. In gratitude, these two-way ambassadors shared the wisdom of the Chinese Communist Party with their ignorant countrymen. After an an NBA executive tweeted in defense of Hong Kong dissidents, social justice activist King LeBron told Americans to watch their tongues. “Even though yes, we do have freedom of speech,” said James, “it can be a lot of negative that comes with it.”

Because of Trump’s pressure on the Americans who benefited extravagantly from the U.S.-China relationship, these strange bedfellows acquired what Marxists call class consciousness—and joined together to fight back, further cementing their relationships with their Chinese patrons. United now, these disparate American institutions lost any sense of circumspection or shame about cashing checks from the Chinese Communist Party, no matter what horrors the CCP visited on the prisoners of its slave labor camps and no matter what threat China’s spy services and the People’s Liberation Army might pose to national security. Think tanks and research institutions like the Atlantic Council, the Center for American Progress, the EastWest Institute, the Carter Center, the Carnegie Endowment for International Peace, Johns Hopkins School of Advanced International Studies, and others gorged themselves on Chinese money. The world-famous Brookings Institution had no scruples about publishing a report funded by Chinese telecom company Huawei that praised Huawei technology.

The billions that China gave to major American research universities, like $58 million to Stanford, alarmed U.S. law enforcement, which warned of Chinese counterintelligence efforts to steal sensitive research. But the schools and their name faculty were in fact in the business of selling that research, much of it paid for directly by the U.S. government—which is why Harvard and Yale among other big-name schools appear to have systematically underreported the large amounts that China had gifted them.

Indeed, many of academia’s pay-for-play deals with the CCP were not particularly subtle. In June 2020, a Harvard professor who received a research grant of $15 million in taxpayer money was indicted for lying about his $50,000 per month work on behalf of a CCP institution to “recruit, and cultivate high-level scientific talent in furtherance of China’s scientific development, economic prosperity and national security.”

But if Donald Trump saw decoupling the United States from China as a way to dismantle the oligarchy that hated him and sent American jobs abroad, he couldn’t follow through on the vision. After correctly identifying the sources of corruption in our elite, the reasons for the impoverishment of the middle classes, and the threats foreign and domestic to our peace, he failed to staff and prepare to win the war he asked Americans to elect him to fight.

And because it was true that China was the source of the China Class’ power, the novel coronavirus coming out of Wuhan became the platform for its coup de grace. So Americans became prey to an anti-democratic elite that used the coronavirus to demoralize them; lay waste to small businesses; leave them vulnerable to rioters who are free to steal, burn, and kill; keep their children from school and the dying from the last embrace of their loved ones; and desecrate American history, culture, and society; and defame the country as systemically racist in order to furnish the predicate for why ordinary Americans in fact deserved the hell that the elite’s private and public sector proxies had already prepared for them.

For nearly a year, American officials have purposefully laid waste to our economy and society for the sole purpose of arrogating more power to themselves while the Chinese economy has gained on America’s. China’s lockdowns had nothing to do with the difference in outcomes. Lockdowns are not public health measures to reduce the spread of a virus. They are political instruments, which is why Democratic Party officials who put their constituents under repeated lengthy lockdowns, like New York Gov. Andrew Cuomo and Chicago Mayor Lori Lightfoot, are signaling publicly that it is imperative they be allowed to reopen immediately now that Trump is safely gone.

That Democratic officials intentionally destroyed lives and ended thousands of them by sending the ill to infect the elderly in nursing homes is irrelevant to America’s version of the Thirty Tyrants. The job was to boost coronavirus casualties in order to defeat Trump and they succeeded. As with Athens’ anti-democratic faction, America’s best and brightest long ago lost its way. At the head of the Thirty Tyrants was Critias, one of Socrates’ best students, a poet and dramatist. He may have helped save Socrates from the regime’s wrath, and yet the philosopher appears to have regretted that his method, to question everything, fed Critias’ sweeping disdain for tradition. Once in power, Critias turned his nihilism on Athens and destroyed the city.

Riding the media tsunami of Trump hatred, the China Class cemented its power within state institutions and security bureaucracies that have long been Democratic preserves.

The poisoned embrace between American elites and China began nearly 50 years ago when Henry Kissinger saw that opening relations between the two then-enemies would expose the growing rift between China and the more threatening Soviet Union. At the heart of the fallout between the two communist giants was the Soviet leadership’s rejection of Stalin, which the Chinese would see as the beginning of the end of the Soviet communist system—and thus it was a mistake they wouldn’t make.

Meanwhile, Kissinger’s geopolitical maneuver became the cornerstone of his historical legacy. It also made him a wealthy man selling access to Chinese officials. In turn, Kissinger pioneered the way for other former high-ranking policymakers to engage in their own foreign influence-peddling operations, like William Cohen, defense secretary in the administration of Bill Clinton, who greased the way for China to gain permanent most favored nation trade status in 2000 and become a cornerstone of the World Trade Organization. The Cohen Group has two of its four overseas offices in China, and includes a number of former top officials, including Trump’s former Defense Secretary James Mattis, who recently failed to disclose his work for the Cohen Group when he criticized the Trump administration’s “with us or against us” approach to China in an editorial. “The economic prosperity of U.S. allies and partners hinges on strong trade and investment relationships with Beijing,” wrote Mattis, who was literally being paid by China for taking exactly that position.

Yet it’s unlikely that Kissinger foresaw China as a cash cow for former American officials when he and President Richard M. Nixon traveled to the Chinese capital that Westerners then called Peking in 1972. “The Chinese felt that Mao had to die before they could open up,” says a former Trump administration official. “Mao was still alive when Nixon and Kissinger were there, so it’s unlikely they could’ve envisioned the sorts of reforms that began in 1979 under Deng Xiaoping’s leadership. But even in the 1980s China wasn’t competitive with the United States. It was only in the 1990s with the debates every year about granting China most favored nation status in trade that China became a commercial rival”—and a lucrative partner.

The chief publicist of the post-Cold War order was Francis Fukuyama, who in his 1992 book The End of History argued that with the fall of the Berlin Wall Western liberal democracy represented the final form of government. What Fukuyama got wrong after the fall of the Berlin Wall wasn’t his assessment of the strength of political forms; rather it was the depth of his philosophical model. He believed that with the end of the nearly half-century-long superpower standoff, the historical dialectic pitting conflicting political models against each other had been resolved. In fact, the dialectic just took another turn.

Just after defeating communism in the Soviet Union, America breathed new life into the communist party that survived. And instead of Western democratic principles transforming the CCP, the American establishment acquired a taste for Eastern techno-autocracy. Tech became the anchor of the U.S.-China relationship, with CCP funding driving Silicon Valley startups, thanks largely to the efforts of Dianne Feinstein, who, after Kissinger, became the second-most influential official driving the U.S.-CCP relationship for the next 20 years.

In 1978, as the newly elected mayor of San Francisco, Feinstein befriended Jiang Zemin, then the mayor of Shanghai and eventually president of China. As mayor of America’s tech epicenter, her ties to China helped the growing sector attract Chinese investment and made the state the world’s third-largest economy. Her alliance with Jiang also helped make her investor husband, Richard Blum, a wealthy man. As senator, she pushed for permanent MFN trade status for China by rationalizing China’s human rights violations, while her friend Jiang consolidated his power and became the Communist Party’s general secretary by sending tanks into Tiananmen Square. Feinstein defended him. “China had no local police,” Feinstein said that Jiang had told her. “Hence the tanks,” the senator from California reassuringly explained. “But that’s the past. One learns from the past. You don’t repeat it. I think China has learned a lesson.”

Yet the past actually should have told Feinstein’s audience in Washington a different story. The United States didn’t trade with Moscow or allow Russians to make large campaign donations or enter into business partnerships with their spouses. Cold War American leadership understood that such practices would have opened the door to Moscow and allowed it to directly influence American politics and society in dangerous ways. Manufacturing our goods in their factories or allowing them to buy ours and ship them overseas would’ve made technology and intellectual property vulnerable.

But it wasn’t just about jeopardizing national security; it was also about exposing America to a system contradictory to American values. Throughout the period, America defined itself in opposition to how we conceived of the Soviets. Ronald Reagan was thought crass for referring to the Soviet Union as the “Evil Empire,” but trade and foreign policy from the end of WWII to 1990 reflected that this was a consensus position—Cold War American leadership didn’t want the country coupled to a one-party authoritarian state.

The industrialist Armand Hammer was famous because he was the American doing business with Moscow. His perspective was useful not because of his unique insights into Soviet society, politics, and business culture that he often shared with the American media, but because it was understood that he was presenting the views that the politburo wanted disseminated to an American audience. Today, America has thousands of Armand Hammers, all making the case for the source of their wealth, prestige, and power.

It started with Bill Clinton’s 1994 decision to decouple human rights from trade status. He’d entered the White House promising to focus on human rights, in contrast to the George H.W. Bush administration, and after two years in office made an about face. “We need to place our relationship into a larger and more productive framework,” Clinton said. American human rights groups and labor unions were appalled. Clinton’s decision sent a clear message, said then AFL-CIO President Lane Kirkland, “no matter what America says about democracy and human rights, in the final analysis profits, not people, matter most.” Some Democrats, like then Senate Majority Leader George Mitchell, were opposed, while Republicans like John McCain supported Clinton’s move. The head of Clinton’s National Economic Council, Robert E. Rubin, predicted that China “will become an ever larger and more important trading partner.”

More than two decades later, the number of American industries and companies that lobbied against Trump administration measures attempting to decouple Chinese technology from its American counterparts is a staggering measure of how closely two rival systems that claim to stand for opposing sets of values and practices have been integrated. Companies like Ford, FedEx, and Honeywell, as well as Qualcomm and other semiconductor manufacturers that fought to continue selling chips to Huawei, all exist with one leg in America and the other leg planted firmly in America’s chief geopolitical rival. To protect both halves of their business, they soft-sell the issue by calling China a competitor in order to obscure their role in boosting a dangerous rival.

Nearly every major American industry has a stake in China. From Wall Street—Citigroup, Goldman Sachs, and Morgan Stanley— to hospitality. A Marriott Hotel employee was fired when Chinese officials objected to his liking a tweet about Tibet. They all learned to play by CCP rules.

“It’s so pervasive, it’s better to ask who’s not tied into China,” says former Trump administration official Gen. (Ret.) Robert Spalding.

Unsurprisingly, the once-reliably Republican U.S. Chamber of Commerce was in the forefront of opposition to Trump’s China policies—against not only proposed tariffs but also his call for American companies to start moving critical supply chains elsewhere, even in the wake of a pandemic. The National Defense Industrial Association recently complained of a law forbidding defense contractors from using certain Chinese technologies. “Just about all contractors doing work with the federal government,” said a spokesman for the trade group, “would have to stop.”

Even the Trump administration was split between hawks and accommodationists, caustically referred to by the former as “Panda Huggers.” The majority of Trump officials were in the latter camp, most notably Treasury Secretary Steven Mnuchin, a former Hollywood producer. While the film industry was the first and loudest to complain that China was stealing its intellectual property, it eventually came to partner with, and appease, Beijing. Studios are not able to tap into China’s enormous market without observing CCP redlines. For example, in the upcoming sequel to Top Gun, Paramount offered to blur the Taiwan and Japan patches on Tom Cruise’s “Maverick” jacket for the Chinese release of the film, but CCP censors insisted the patches not be shown in any version anywhere in the world.

In the Trump administration, says former Trump adviser Spalding, “there was a very large push to continue unquestioned cooperation with China. On the other side was a smaller number of those who wanted to push back.”

Apple, Nike, and Coca Cola even lobbied against the Uyghur Forced Labor Prevention Act. On Trump’s penultimate day in office, his Secretary of State Mike Pompeo announced that the United States has “determined that the People’s Republic of China is committing genocide and crimes against humanity in Xinjiang, China, targeting Uyghur Muslims and members of other ethnic and religious minority groups.” That makes a number of major American brands that use forced Uyghur labor—including, according to a 2020 Australian study, Nike, Adidas, Gap, Tommy Hilfiger, Apple, Google, Microsoft, and General Motors—complicit in genocide.

The idea that countries that scorn basic human and democratic rights should not be directly funded by American industry and given privileged access to the fruits of U.S. government-funded research and technology that properly belongs to the American people is hardly a partisan idea—and has, or should have, little to do with Donald Trump. But the historical record will show that the melding of the American and Chinese elites reached its apogee during Trump’s administration, as the president made himself a focal point for the China Class, which had adopted the Democratic Party as its main political vehicle. That’s not to say establishment Republicans are cut out of the pro-China oligarchy—Senate GOP leader Mitch McConnell’s shipbuilder billionaire father-in-law James Chao has benefited greatly from his relationship with the CCP, including college classmate Jiang Zemin. Gifts from the Chao family have catapulted McConnell to only a few slots below Feinstein in the list of wealthiest senators.

Riding the media tsunami of Trump hatred, the China Class cemented its power within state institutions and security bureaucracies that have long been Democratic preserves—and whose salary-class inhabitants were eager not to be labeled as “collaborators” with the president they ostensibly served. Accommodation with even the worst and most threatening aspects of the Chinese communist regime, ongoing since the late 1990s, was put on fast-forward. Talk about how Nike made its sneakers in Chinese slave labor camps was no longer fashionable. News that China was stealing American scientific and military secrets, running large spy rings in Silicon Valley and compromising congressmen like Eric Swalwell, paying large retainers to top Ivy League professors in a well-organized program of intellectual theft, or in any way posed a danger to its own people or to its neighbors, let alone to the American way of life, were muted and dismissed as pro-Trump propaganda.

The Central Intelligence Agency openly protected Chinese efforts to undermine American institutions. CIA management bullied intelligence analysts to alter their assessment of Chinese influence and interference in our political process so it wouldn’t be used to support policies they disagreed with—Trump’s policies. It’s no wonder that protecting America is not CIA management’s most urgent equity—the technology that stores the agency’s information is run by Amazon Web Services, owned by China’s No. 1 American distributor, Jeff Bezos.

For those who actually understood what the Chinese were doing, partisanship was a distinctly secondary concern. Chinese behavior was authentically alarming—as was the seeming inability of core American security institutions to take it seriously. “Through the 1980s, people who advanced the interests of foreign powers whose ideas were inimical to republican form of government were ostracized,” says a former Obama administration intelligence official. “But with the advent of globalism, they made excuses for China, even bending the intelligence to fit their preferences. During the Bush and Obama years, the standard assessment was that the Chinese have no desire to build a blue-water navy. It was inconvenient to their view. China now has a third aircraft carrier in production.”

Loathing Trump provided their political excuse, but the American security and defense establishment had their own interest in turning a blind eye to China. Twenty years of squandering men, money, and prestige on military engagements that began in George W. Bush’s “War on Terror” have proved to be of little strategic value to the United States. However, deploying Americans to provide security in Middle East killing fields has vastly benefited Beijing. Last month Chinese energy giant Zen Hua took advantage of a weak Iraqi economy when it paid $2 billion for a five-year oil supply of 130,000 barrels a day. Should prices go up, the deal permits China to resell the oil.

In Afghanistan, the large copper, metal, and minerals mines whose security American troops still ostensibly ensure are owned by Chinese companies. And because Afghanistan borders Xinjiang, Xi Jinping is worried that “after the United States pulls troops out of Afghanistan, terrorist organizations positioned on the frontiers of Afghanistan and Pakistan may quickly infiltrate into Central Asia.” In other words, American troops are deployed abroad in places like Afghanistan less to protect American interests than to provide security for China’s Belt and Road Initiative.

“There’s a belief that we are not in the same type of conflict with them as we were with the USSR,” says the former Obama official. “But we are.” The problem is that virtually all of the American establishment—which is centered in the Democratic Party—is firmly on the other side.

As late as the summer of 2019, Trump looked like he was headed for a second term in the White House. Not only was the economy soaring and unemployment at record lows, he was rallying on the very field on which he’d chosen to confront his opponents. Trump’s trade war with Beijing showed he was serious about forcing American companies to move their supply chains. In July, top American tech firms like Dell and HP announced they were going to shift a large portion of their production outside of China. Amazon, Microsoft, and Alphabet said they were also planning to move some of their manufacturing elsewhere.

It was at exactly this same moment, in late June and early July of 2019 that the residents of Wuhan began to fill the streets, angry that officials responsible for the health and prosperity of the city’s 11 million people had betrayed them. They were sick, and feared getting sicker. The elderly gasped for breath. Marchers held up banners saying, “we don’t want to be poisoned, we just need a breath of fresh air.” Parents worried for their children’s lives. There was fear that the ill had suffered permanent damage to their immune and nervous systems.

Authorities censored social media accounts, photos and videos of the protests, and undercover policemen watched for troublemakers and detained the most vocal. With businesses forced shut, there was nowhere for protesters to hide. Some were carted off in vans. They’d been warned by the authorities: “Public security organizations will resolutely crack down on illegal criminal acts such as malicious incitement and provocation.”

What sent the residents of Wuhan to the streets at the time wasn’t COVID-19—which wouldn’t begin its spread until the winter. In the early summer of 2019, what threatened public health in Wuhan was the plague of air pollution. This is a hitherto untold part of the story of America’s ghastly last year.

To deal with the mounds of garbage poisoning the atmosphere, authorities planned to build a waste incineration plant—a plan that rightly alarmed the people who lived there. (In 2013, five incineration plants in Wuhan were found to emit dangerous pollutants.) Other cities had similarly taken to the streets to protest against air pollution—Xiamen in 2007, Shanghai in 2015, Chengdu in 2016, Qingyuan in 2017—each time sending waves of panic through CCP leadership, which was fearful of the slightest echo of the 1989 pro-democracy protests in Tiananmen Square and of the prospect of unruly democracy protests in Hong Kong making their way to the mainland and igniting a popular brushfire. What if unrest spread from one city to the next, with the entire country, 1.4 billion people, eventually spinning out of control?

The way to keep unrest from going viral, the CCP had learned, was to quarantine it. The party has shown itself especially adept at neutralizing the country’s minority populations, first the Tibetans, and most recently the Turkic ethnic Muslim minority Uyghurs, through mass quarantines and incarcerations, managed through networks of electronic surveillance that paved the way to prisons and slave labor camps. By 2019, the grim fate of China’s Uyghurs had become a matter of concern—whether heartfelt or simply public relations-oriented—even among many who profited hugely from their forced labor.

The country’s 13.5 million Uyghurs are concentrated in Xinjiang, or East Turkestan, a region in northwestern China roughly the size of Iran, rich in coal, oil, and natural gas. Bordering Pakistan, Xinjiang is a terminus point for critical supply routes of the Belt and Road Initiative, Xi’s $1 trillion project to create a global Chinese sphere of interest. Any potential disruptions of the BRI constitute a threat to vital Chinese interests. Xi saw an April 2014 attack in which Uyghur fighters stabbed more than 150 people at a train station as an opportunity to crack down.

Prepare for a “smashing, obliterating offensive,” Xi told police officers and troops. His deputies issued sweeping orders: “Round up everyone who should be rounded up.” Officials who showed mercy were themselves detained, humiliated and held up as an example for disobeying “the party central leadership’s strategy for Xinjiang.”

According to a November 2019, New York Times report, Chinese authorities were most worried about Uyghur students returning home from school outside the province. The students had “widespread social ties across the entire country” and used social media whose “impact,” officials feared, was “widespread and difficult to eradicate.” The task was to quarantine news of what was really happening inside the detention camps. When the students asked where their loved ones were and what happened to them, officials were advised to tell “students that their relatives had been ‘infected’ by the ‘virus’ of Islamic radicalism and must be quarantined and cured.”

But it wasn’t just those most likely to carry out terrorist attacks—young men—who were subject to China’s lockdown policy. According to the documents, officials were told that “even grandparents and family members who seemed too old to carry out violence could not be spared.”

When a real virus hit in the fall of 2019, Chinese authorities followed the same protocol, quarantining not just prospective troublemakers but everyone in Wuhan in the hope of avoiding an even larger public outcry than the one they’d quelled in the same city just months before.

There is a good reason why lockdowns—quarantining those who are not sick—had never been previously employed as a public health measure. The leading members of a city, state, or nation do not imprison its own unless they mean to signal that they are imposing collective punishment on the population at large. It had never been used before as a public health measure because it is a widely recognized instrument of political repression.

At the end of December 2019, Chinese authorities began locking down social media accounts mentioning the new virus, doctors who warned of it or spoke about it with their colleagues were reprimanded and another, allegedly infected by COVID-19, died. All domestic travel in and out of Wuhan was stopped. If the purpose of the lockdowns was really to prevent spread of the contagion, it’s worth noting that international flights continued. Rather, it appears that the domestic travel ban, like the social media censorship, was to keep news of the government’s blunder from spreading throughout China and leading to massive, perhaps uncontrollable, unrest.

If Wuhan’s streets had filled in June and July to protest the authorities’ deadly incompetence when they concealed plans for an incinerator that would sicken the population of one city, how would the Chinese public respond upon discovering that the source for a respiratory illness destined to plague all of the country wasn’t a freak accident of nature that occurred in a wet market, as officials claimed, but the CCP’s own Wuhan Institute of Virology?

In January, the Trump administration’s former Deputy National Security Adviser Matt Pottinger told British officials that the latest American intelligence shows that the likeliest source of COVID-19 is the Wuhan Institute of Virology. Pottinger, according to The Daily Mail—a British publication was one of the few Western press outlets that reported Pottinger’s statements—claimed the pathogen may have escaped through a leak or an accident.

According to a State Department fact sheet published in January, the United States “has reason to believe that several researchers inside the Wuhan lab became sick in autumn 2019, before the first identified case of the outbreak.” The fact sheet further explains that the Chinese government lab has conducted research on a bat coronavirus most similar to COVID-19 since 2016. Since at least 2017, the WIV has conducted classified research on behalf of the Chinese military. “For many years the United States has publicly raised concerns about China’s past biological weapons work, which Beijing has neither documented nor demonstrably eliminated, despite its clear obligations under the Biological Weapons Convention.”

Evidence the pandemic didn’t start in a Wuhan wet market was published as early as January 2020, days after Beijing implemented the lockdown on Jan. 23. According to the British medical journal The Lancet, 13 of the first 41 cases, including the first one, had no links to the market. In May the head of China’s center for disease control and prevention confirmed that there was nothing to link COVID-19 and the wet market. “The novel coronavirus had existed long before” it was found at the market, said the Chinese official.

After the Lancet report, Republican officials close to the Trump administration disputed Beijing’s official account. “We don’t know where it originated, and we have to get to the bottom of that,” Sen. Tom Cotton said in February. “We also know that just a few miles away from that food market is China’s only biosafety level 4 super laboratory that researches human infectious diseases.” Cotton said the Chinese had been duplicitous and dishonest. “We need to at least ask the question to see what the evidence says,” Cotton said. “And China right now is not giving any evidence on that question at all.”

The corporate American press disparaged Cotton’s search for answers. Jeff Bezos’ Washington Post claimed that Cotton was “fanning the embers of a conspiracy theory that has been repeatedly debunked by experts.” Trump was derided for contradicting American spy services when the president said he had a high degree of confidence that the coronavirus originated in a Wuhan lab. Sen. Ted Cruz said that in dismissing obvious questions about the origins of the pandemic the press was “abandoning all pretenses of journalism to produce CCP propaganda.”

The January publication of a New York Magazine article by Nicholson Baker arguing the same case that Trump and GOP officials had been making since last winter raises useful questions. Why did journalists automatically seek to discredit the Trump administration’s skepticism regarding Beijing’s origin story of the coronavirus? Why wait until after the election to allow the publication of evidence that the CCP’s story was spurious? Sure, the media preferred Biden and wanted Trump gone at any cost—but how would it affect the Democrat’s electoral chances to tell Americans the truth about China and COVID-19?

China had cultivated many friends in the American press, which is why the media relays Chinese government statistics with a straight face—for instance that China, four times the size of the United States, has suffered 1/100th the number of COVID-19 fatalities. But the key fact is this: In legitimizing CCP narratives, the media covers not primarily for China but for the American class that draws its power, wealth, and prestige from China. No, Beijing isn’t the bad guy here—it’s a responsible international stakeholder. In fact, we should follow China’s lead. And by March, with Trump’s initial acquiescence, American officials imposed the same repressive measures on Americans used by dictatorial powers throughout history to silence their own people.

Eventually, the pro-China oligarchy would come to see the full range of benefits the lockdowns afforded. Lockdowns made leading oligarchs richer—$85 billion richer in the case of Bezos alone—while impoverishing Trump’s small-business base. In imposing unconstitutional regulations by fiat, city and state authorities normalized autocracy. And not least, lockdowns gave the American establishment a plausible reason to give its chosen candidate the nomination after barely one-third of the delegates had chosen, and then keep him stashed away in his basement for the duration of the Presidential campaign. And yet in a sense, Joe Biden really did represent a return to normalcy in the decadeslong course of U.S.-China relations.

The new American oligarchy believes that democracy’s failures are proof of their own exclusive right to power.

After Biden’s election, China’s foreign minister called for a reset of U.S.-China relations but Chinese activists says Biden policy toward China is already set. “I’m very skeptical of a Biden administration because I am worried he will allow China to go back to normal, which is a 21st-century genocide of the Uyghurs,” one human rights activist told The New York Times after the election. With Biden as president, said another “it’s like having Xi Jinping sitting in the White House.”

In November a video circulated on social media purporting to document a public speech given by the head of a Chinese think tank close to the Beijing government. “Trump waged a trade war against us,” he told a Chinese audience. “Why couldn’t we handle him? Why is that between 1992 and 2016, we always resolved issues with the U.S.? Because we had people up there. In America’s core circle of power, we have some old friends.” The appreciative crowd laughed along with him. “During the last three to four decades,” he continued, “we took advantage of America’s core circle. As I said, Wall Street has a very profound influence … We used to rely heavily on them. Problem is they have been declining since 2008. Most importantly after 2016 Wall Street couldn’t control Trump … In the U.S.-China trade war they tried to help. My friends in the U.S. told me that they tried to help, but they couldn’t. Now with Biden winning the election, the traditional elites, political elites, the establishment, they have a very close relationship with Wall Street.”

Is it true? The small fortune that Treasury Secretary Janet Yellen has earned for simply speaking in front of Wall Street audiences is matter of public record. But she had hard words for Beijing at her confirmation hearing last month, even criticizing the CCP for “horrendous human rights abuses” against the Uyghurs. But the resumes of Biden’s picks for top national security posts tell a different story. Incoming Director of National Intelligence Avril Haines and Secretary of State Antony Blinken worked at a Beltway firm called WestExec, which scrubbed its work on behalf of the CCP from its website shortly before the election.

Longtime Biden security aide Colin Kahl, tapped for the No. 3 spot at the Pentagon, worked at an institute at Stanford University that is twinned with Peking University, a school run by a former CCP spy chief and long seen as a security risk by Western intelligence services.

As head of the Center for American Progress think tank, Biden’s pick for director of the Office of Management and Budget, Neera Tanden, teamed up with a U.S.-China exchange organization created as a front “to co-opt and neutralize sources of potential opposition to the policies and authority” of the CCP and “influence overseas Chinese communities, foreign governments, and other actors to take actions or adopt positions supportive of Beijing.”

Biden’s special assistant for presidential personnel, Thomas Zimmerman, was a fellow at the Shanghai Academy of Social Sciences, flagged by Western intelligence agencies for its ties to China’s Ministry of State Security.

U.N. Ambassador Linda Thomas-Greenfield gave a 2019 speech at a Chinese-government-funded Confucius Institute in Savannah, Georgia, where she praised China’s role in promoting good governance, gender equity, and the rule of law in Africa. “I see no reason why China cannot share in those values,” she said. “In fact, China is in a unique position to spread these ideals given its strong footprint on the continent.”

The family of the incoming commander-in-chief was reportedly given an interest-free loan of $5 million by businessmen with ties to the Chinese military, while Biden’s son Hunter called his Chinese business partner the “spy chief of China.” The reason that the press and social media censored preelection reports of Hunter Biden’s alleged ties to the CCP was not to protect him—$5 million is less than what Bezos has made every hour during the course of the pandemic. No, for the pro-China oligarchy, the point of getting Joe Biden elected was to protect themselves.

Reports claiming that the Biden administration will continue the Trump administration’s aggressive efforts to roll back China’s technology industry are misdirection. The new administration is loaded with lobbyists for the American tech industry, who are determined to get the U.S.-China relationship back on track. Biden’s Chief of Staff Ron Klain was formerly on the executive council of TechNet, the trade group that lobbies on behalf of Silicon Valley in Washington. Biden’s White House counsel is Steve Ricchetti whose brother Jeff was hired to lobby for Amazon shortly after the election.

Yellen says that “China is clearly our most important strategic competitor.” But the pro-China oligarchy is not competing with the country from which it draws its wealth, power, and prestige. Chinese autocracy is their model. Consider the deployment of more than 20,000 U.S. armed forces members throughout Washington, D.C., to provide security for an inauguration of a president who is rarely seen in public in the wake of a sporadically violent protest march that was cast as an insurrection and a coup; the removal of opposition voices from social media, along with the removal of competing social media platforms themselves; the nascent effort to keep the Trump-supporting half of America from access to health care, credit, legal representation, education, and employment, with the ultimate goal of redefining protest against the policies of the current administration as “domestic terrorism.”

What seems clear is that Biden’s inauguration marks the hegemony of an American oligarchy that sees its relationship with China as a shield and sword against their own countrymen. Like Athens’ Thirty Tyrants, they are not simply contemptuous of a political system that recognizes the natural rights of all its citizens that are endowed by our creator; they despise in particular the notion that those they rule have the same rights they do. Witness their newfound respect for the idea that speech should only be free for the enlightened few who know how to use it properly. Like Critias and the pro-Sparta faction, the new American oligarchy believes that democracy’s failures are proof of their own exclusive right to power—and they are happy to rule in partnership with a foreign power that will help them destroy their own countrymen.

What does history teach us about this moment? The bad news is that the Thirty Tyrants exiled notable Athenian democrats and confiscated their property while murdering an estimated 5% of the Athenian population. The good news is that their rule lasted less than a year.

Sobre el concepte de drets

Este es un concepte perniciós, el de drets. El van inventar pensadors cristians del passat, com els de l’Escola de Salamanca, com una altra forma d’expressar el missatge cristià, però en el seu temps era innecessari i en el nostre temps s’ha usat com una excusa per a l’egoisme que està destrossant la nostra societat

Ojalà mai l’hagueren inventat

Igual que no hi ha part dreta sense part esquerra, no hi ha dret sense obligació

  • El dret a la propietat privada és l’obligació de tots els altres de no usar la meua propietat sense el meu permís.
  • El dret a la vida és l’obligació de tots de no matar-me.
  • El suposat «dret a l’eutanàsia» és l’obligació del metge de matar a un pacient
  • El suposat «dret a l’avortament» és l’obligació del fetus de morir i l’obligació del pare de perdre un fill, encara que no vulga.
  • El dret al divorci és l’obligació d’una persona a perdre la seua parella i, si és home, els seus fills.

Primera mentida: «La nostra societat està basada en els drets, és la que ha portat els drets al màxim exponent»

Es com dir «la nostra societat és la que té més part dretes de tot el món»! Segur que si tens part dretes, tens parts esquerres.

Tot dret porta una obligació i l’obligació lleva drets a unes altres persones. No hi ha una societat que tinga més drets que unes altres, tenen diferents drets.

En el franquisme, les persones no tenien el dret del divorci. Però la gent tenia el dret de poder tindre una parella estable. I els fills tenien el dret de tindre pare i mare. No menys drets, sinó diferents drets.

Segona mentida: Este és el meu dret!

La gent quan reclama els seus drets, el que està fent és posar obligacions als altres. És una arma per aconseguir el seu egoisme, per aconseguir poder.

«Jo tinc dret a anar a la Universitat encara que suspenga tot!». El que vol dir és: «Tots teniu l’obligació de pagar-me la universitat (la majoria del cost de la universitat està subvencionat), encara que jo no pegue ni colp. L’obrer que guanya una merda i que passa matant-se tot el dia ha de pagar impostos perquè jo m’estiga tocant els ous.

Així la nostra societat degenera en una lluita de tots contra tots, perquè tot el món reclama els seus drets. Com el dret d’un entra en conflicte amb els drets dels altres, al final és una lluita de tots contra tots.

Tot el món vol tindre tots els drets possibles (el que vol dir: fer el que li done la gana i que els altres tinguen l’obligació de carregar les conseqüències)

Tercera mentida: Els drets afavoreixen al poble

En una lluita de tots contra tots, els poderosos sempre guanyen. Es per això que els poderosos afavoreixen el concepte de drets

Sents dels drets humans, dels drets del migrant, però no hi ha deures humans o deures del migrant.

El que fan els poderosos és quan volen implantar una nova mesura que els afavoreix l’expressen en termes de drets.

Como sempre qualsevol tema té una part de dret i una d’obligació, el poder tria la part del dret i calla l’obligació

«Tots els immigrants il·legals tenen dret a salut i escola gratuita!». Expressar les coses en forma de dret les fa atractives. Imagina si les expressara en forma d’obligació: «Has de pagar la sanitat i educació de tota la gent del món que pose un peu en Espanya»

«Tens dret a l’eutanàsia!». Imagina si posaren: «Els metges tenen l’obligació de matar als seus pacients». Tat que no seria tan bonic?

Si al poder li interessara ho expressaria al revés

«Els metges tenen dret a no matar ni fer coses contra l’ètica».

Si al poder no li agradara l’avortament, no expressaria el dret a l’avortament, sinó diria:

«El xiquet no nascut té dret a la vida»

Així que vulguen el que ens vulguen imposar, ho expressen en forma de dret i així cola. Es callen les obligacions que porta implícites cada dret

Definitivament un concepte satànic, el de drets.